domingo, 13 de octubre de 2013

Las falacias legales


No todo lo legal es ético, no todo lo legal es moral, no todo lo que es legal es justo. Una cosa es lo legal, una cosa es el derecho y otra cosa muy diferente es lo justo, la justicia.

Mucho antes de que lo pensara, el filósofo francés Michel Foucault distingue entre la norma y la ley precisando que “esta última opera cuando existe una infracción. Se convierte en un mecanismo de legitimación del poder dominante y regula los marcos de interacción social del resto de los individuos”. Es decir “las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás”.

Desde niño se me ha inoculado un concepto llamado legal según el cual “todo individuo es inocente hasta tanto se le demuestre su culpabilidad”. He comenzado a dudar la certeza y lo justo de ese postulado y ahora me percato, tal como lo dijo Foucualt que “las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás”. Nos impusieron ese principio hasta el punto de ser aceptado sin discusión por, diría, todo el mundo; pero, pensemos, mejor dicho, dudemos, si ese supuesto principio del derecho fue maquiavélicamente impuesto por aquellos que cometen delitos inteligentemente, que esconden eficientemente las pruebas y por tanto se dificultan a cualquier mortal obtenerlas. Pensemos por un momento si ese supuesto principio fue impuesto por un poderoso para protegerse de aquellos sin muchos medios investigativos.

Vayamos a un ejemplo concreto. Un poderoso roba. ¿Qué puede realmente hacer un pobre para probarlo? Para empezar, recabar las pruebas tiene un costo. Pero además impusieron otro casi imposible, si el débil acusa al poderoso y sus pruebas no se ajustan al derecho, en consecuencia no puede probar nada, está sujeto a una contrademanda por difamación, injuria, etc. y, para colmo no puede defenderse porque es pobre, va con sus huesos a podrirse en una cárcel por atreverse a dudar de la honorabilidad de un pillo rico. La riqueza es el escudo protector de sus perversidades.

En mi anterior escrito propuse la figura de la renta presunta para juzgar los casos de corrupción y que se invirtiera la carga de la prueba, es decir, le tocaría al acusado de corrupción probar que es inocente. De esta manera se acabaría con la injusticia envuelta automáticamente en el caso señalado en el párrafo precedente.

Basándonos en la concepción actual de la justicia, un pobre puede incluso llegar a tener pruebas pero teme al poderoso porque éste tienes más y mejores armas que él. El sociólogo Zygmunt Bauman plantea una intrínseca tensión entre la ética y la moral y la conservación de la seguridad personal. Según el pensador polaco el reconocimiento de un “blanco que atenta” contra la integridad del individuo relega cualquier tipo de planteo moral frente a las acciones que se desarrollan ante su presencia. El pobre piensa en su propia seguridad personal, en la de su familia y, al final, decide dejar las cosas como están, termina no arriesgándose, antepone su seguridad a los principios éticos y morales y a sus deberes como ciudadano.

Lo que copio a continuación reposa en un recorte de periódico y lamento no saber quien lo escribió para darle justo reconocimiento: “Así pues, el Estado de derecho se ha configurado como aquel regido y ordenado por un conjunto de leyes e instituciones (previamente aprobadas y legitimadas), organizadas generalmente en torno a una Carta Magna, que sirven como marco de actuación y control al comportamiento y funciones de las autoridades. Sin embargo, aunque el Estado de derecho permitió un control de las autoridades, no resolvió todos los problemas que conlleva la estructura compleja de un Estado, de hecho conlleva en su concepción un riesgo para alcanzar su objetivo: ¿cuál es y cómo se construye el contenido de las leyes?

Tenemos, por ejemplo, una dictadura o un Gobierno dominado por la burguesía que manipule la opinión pública y que controle el Poder Legislativo y Judicial, puede generar leyes a su favor y definirse como ajustado a derecho. Por ello debemos tomar en cuenta que para que podamos hablar de un verdadero Estado con base en la legalidad, el mismo no debe quedarse en lo estrictamente formal (construcción de leyes), sino que debe transcender al plano material (ejecución de las leyes sobre la base de la garantía de los derechos humanos), y ello solo es viable en gobiernos democráticos con la participación del pueblo en la construcción de las normas que le van a regir.”

“Tampoco el Estado de derecho por sí solo (si desde el plano formal lo analizamos) es capaz de resolver las desigualdades sociales y económicas que se han instaurado y arraigado especialmente luego de la Revolución Industrial, por lo que debe incorporar un nuevo elemento vinculado con la equidad y justicia social y asumir que el Estado es el instrumento por excelencia para alcanzar la transformación social.”

Desde que se inventó la humanidad, los poderosos han organizado todo a su favor en todos los órdenes de la vida. Las leyes no son una excepción. ¿Habrá llegado el tiempo cuando los pueblos, es decir los pobres, tomen conciencia y comiencen a sacudirse esos yugos seculares?

Con la inversión de la carga de la prueba se daría un primer paso fundamental para comenzar a deslastrarnos de injusticias finiseculares. Ese asunto de que el individuo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario es un verdadero engaño. Propongo que se aprehenda al criminal solo con la presunción y que le toque a él probar su inocencia. Me atrevo inclusive a proponer que se le señale y acuse confidencialmente para que no opere la venganza posterior. En el caso de los corruptos (eufemismo para llamar los ladrones) basta observar los súbitos cambios en sus estilos de vida porque ellos son maestros en el arte de esconder (justificar) delitos. Ya lo afirmó Simón Bolívar cuando dijo que “el talento sin probidad es un azote”.

Simón Bolívar fue sumamente drástico con relación a los corruptos. Su famoso decreto fechado en Lima el 12 de diciembre de 1824 contempla la pena de muerte a quienes roben más de 10 pesos; pero no solo eso, idéntica pena se aplicaba a los jueces venales que protegieran a esos ladrones; pero, hay algo sumamente importante que la mayoría de los historiadores soslayan, Bolívar apela al pueblo para que los denuncie y establece la obligación de hacerlo. Confiaba en el pueblo más que en los sabios cuando de la salud de la patria se trataba. Al invertir la carga de la prueba y establecer la obligatoriedad de la denuncia se daría un paso gigantesco hacia EL REINO DE LA JUSTICIA. No olvidemos jamás que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 2 que el régimen que debe imperar en el país es uno de Derecho y de Justicia.

  
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martes, 1 de octubre de 2013

La Corrupción


El delito, en cualquiera de sus formas, se esconde, se mimetiza, se mezcla con las demás actividades. El delito se transforma y se renueva. Todo delito, por supuesto, debe ser ilegal aunque a veces ciertos delitos no lo sean. Todo delito es pecado y fruto directo de otros pecados – los pecados capitales – porque se origina y forma parte de ellos. La corrupción es una forma de delinquir derivada directamente de los pecados capitales; la envidia, la codicia, la avaricia, la soberbia y hasta la lujuria. Su principal nutriente es la ambición desmedida e insana propia de almas podridas, pervertidas.

Hay mucha gente que permanece honrada porque nunca tuvo oportunidad de probar su verdadera naturaleza. Nunca se le presentaron tentaciones para ser deshonestos.

Para que haya corrupto tiene que haber corruptor. ¿Quién da el primer paso? Tanto el uno como el otro pueden tomar la iniciativa y al juntarse se da el matrimonio diabólico. Como siempre, la víctima de todo delito es el pobre. De hecho, los ricos son ricos porque siempre han robado a los pobres y esta conducta se ha hecho habitual y casi se considera como parte del orden natural. Peor es cuando el pobre roba a otro pobre, ese es un pobre ladrón, las migajas que roban son realmente pocas.

Antes dije que muchos delitos pueden no ser ilegales. Inmorales y faltos de ética siempre lo son. No todo lo legal es ético, ni moral ni mucho menos justificable; pero las leyes, muchas malhadadas leyes, son escritas por los corruptos directa o indirectamente. Uno de los grandes ejemplos en Venezuela fue una tristemente famosa “Ley de Bancos”, escrita por banqueros corruptos, aprobada por políticos corruptos, ley que amparó el tal vez mayor robo colectivo de la historia de Venezuela.

Ultimamente se ha mezclado peligrosamente la corrupción con una guerra económica que intenta sabotear el país. Los capos de la guerra se han aliado con los corruptos, que en esa mezcolanza son los mismos, han estimulado el delito y han encontrado campo fértil en aquellas personas que de honestos tienen la honradez virginal de las mujeres muy feas. Son honestos porque nadie les ha propuesto dejar de serlo al igual que esas mujeres que se conservaron vírgenes porque nadie les dio la oportunidad de dejar de serlo.

Daré algunos casos, a veces difíciles de identificar, que sabotean y a la vez nadan en el asqueroso pozo de la corrupción. Son saboteadores los empleados administrativos de empresas u organizaciones públicas que se encargan de cancelar “las cuentas por pagar”. Retrasan con cualquier pretexto, real o imaginario, la cancelación de las facturas vencidas. De este punto se derivan dos vías: una, la empresa afectada corta el suministro hasta recibir el pago, las máquinas, equipos o procesos no son atendidos debidamente, se retrasa o suspende la producción y el sabotaje se consuma. Otra, la empresa afectada está presionada por su falta de flujo de caja y le proponen pagar las facturas atrasadas siempre y cuando “se bajen de la mula” con determinado porcentaje. En ambos casos se sabotea la producción.

Otra forma de corrupción es la desidia. Esos empleados a quienes no les importa que el ciudadano común o la institución para la cual “trabaja” obtengan lo que buscan. El primero se llena de ira o frustración y echa pestes contra la institución y sus líderes superiores y, en el segundo caso, la empresa no cumple con sus objetivos en el tiempo deseado.

La corrupción no se puede relativizar. Es tan corrupto el funcionario que por desidia, incapacidad, flojera, perversión, mala leche o grupos de estas “cualidades” guarda “involuntariamente” un expediente o solicitud en una gaveta, como el tipo que cobra millones en comisiones por contratos o compras millonarias. A la sempiterna corrupción (existe en todo el planeta desde que se inventó la humanidad) se ha unido ahora en Venezuela la guerra económica contra el país. Hay necesariamente complicidad de funcionarios públicos y el daño se le hace a todo el pueblo. Los oligarcas burgueses siempre han robado a todo o todos los pueblos y diseñan los más elaborados planes para lograrlo. En eso son expertos.

El Señor Presidente Maduro va a solicitar a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción y, supongo, la guerra económica desatada contra toda la nación. Ruego a los lectores dar difusión y divulgar lo que diré a ver si estas notas llegan a los altos niveles del gobierno y consideran mi propuesta. Es la siguiente:

Considerar la figura de la renta presunta. Se dice que hay tres cosas que nunca se pueden ocultar: la tos, el humo del cigarrillo y la riqueza. El robo fabrica millonarios de la noche a la mañana o acrecienta los activos de quienes ya lo son. Si se les encuentra riqueza súbita – no el producto de viejos robos cometidos por sus antepasados – que se les confisque todo, al menos preventivamente. Tocará a ellos la difícil prueba de demostrar que esas ganancias “son honradas”. ¿Podrán los acaparadores, especuladores, cobradores de comisiones, etc. superar esta clase de prueba? A esa gente hay que aporrearla donde les duele: en sus bolsillos y cuentas bancarias. Acaparen o especulen con lo que sea no importa, no tiene que ser solo con productos de primera necesidad, que se les quite todo sin contemplaciones. Si ellos roban con toda clase de productos, que se les castigue por lo que sea que ellos roban, es decir, acaparan y o especulan.

No es raro ver tipos que siempre fueron pobres, como de la noche a la mañana viven en mansiones, tienen carros de lujo, viajan por el mundo, se codean con “el alto perraje” y ostentan riquezas de origen dudoso. Que se les caiga encima sin piedad ni consideración alguna, que se les quite todo. Ya tocará a ellos probar la legitimidad de esos capitales. Sería la única manera con que contaría para devolver al pueblo al menos parte de cuanto le fuera robado.

Simón Bolívar lo dijo muy claro que debe haber leyes inexorables, draconianas agrego yo, para preservar la moral y la virtud de toda la nación. Ojalá Bolívar viviera y pusiera en práctica su famoso decreto ordenando pasar por las armas a todo aquel que robe más de 10 pesos, y a los jueces que los apañen.

Para cerrar, voy a parafrasear la frase de aquel inmundo batracio (con el perdón de esos inocentes animalitos) aquel 4 de febrero de 1992 en el extinto congreso nacional (en minúsculas en señal de asco y desprecio):

MUERTE A LOS LADRONES, A LOS ESPECULADORES QUE ES LO MISMO, MUERTE A LOS CORRUPTOS.

Sé de antemano que la pena capital no la contempla nuestra humanista Constitución, pero volver a la pobreza sería peor para esos desgraciados escatológicos tipos que la pena de muerte misma.


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