Las falacias legales

No todo lo legal es ético, no todo lo legal es moral, no todo lo que es legal es justo. Una cosa es lo legal, una cosa es el derecho y otra cosa muy diferente es lo justo, la justicia.

Mucho antes de que lo pensara, el filósofo francés Michel Foucault distingue entre la norma y la ley precisando que “esta última opera cuando existe una infracción. Se convierte en un mecanismo de legitimación del poder dominante y regula los marcos de interacción social del resto de los individuos”. Es decir “las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás”.

Desde niño se me ha inoculado un concepto llamado legal según el cual “todo individuo es inocente hasta tanto se le demuestre su culpabilidad”. He comenzado a dudar la certeza y lo justo de ese postulado y ahora me percato, tal como lo dijo Foucualt que “las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás”. Nos impusieron ese principio hasta el punto de ser aceptado sin discusión por, diría, todo el mundo; pero, pensemos, mejor dicho, dudemos, si ese supuesto principio del derecho fue maquiavélicamente impuesto por aquellos que cometen delitos inteligentemente, que esconden eficientemente las pruebas y por tanto se dificultan a cualquier mortal obtenerlas. Pensemos por un momento si ese supuesto principio fue impuesto por un poderoso para protegerse de aquellos sin muchos medios investigativos.

Vayamos a un ejemplo concreto. Un poderoso roba. ¿Qué puede realmente hacer un pobre para probarlo? Para empezar, recabar las pruebas tiene un costo. Pero además impusieron otro casi imposible, si el débil acusa al poderoso y sus pruebas no se ajustan al derecho, en consecuencia no puede probar nada, está sujeto a una contrademanda por difamación, injuria, etc. y, para colmo no puede defenderse porque es pobre, va con sus huesos a podrirse en una cárcel por atreverse a dudar de la honorabilidad de un pillo rico. La riqueza es el escudo protector de sus perversidades.

En mi anterior escrito propuse la figura de la renta presunta para juzgar los casos de corrupción y que se invirtiera la carga de la prueba, es decir, le tocaría al acusado de corrupción probar que es inocente. De esta manera se acabaría con la injusticia envuelta automáticamente en el caso señalado en el párrafo precedente.

Basándonos en la concepción actual de la justicia, un pobre puede incluso llegar a tener pruebas pero teme al poderoso porque éste tienes más y mejores armas que él. El sociólogo Zygmunt Bauman plantea una intrínseca tensión entre la ética y la moral y la conservación de la seguridad personal. Según el pensador polaco el reconocimiento de un “blanco que atenta” contra la integridad del individuo relega cualquier tipo de planteo moral frente a las acciones que se desarrollan ante su presencia. El pobre piensa en su propia seguridad personal, en la de su familia y, al final, decide dejar las cosas como están, termina no arriesgándose, antepone su seguridad a los principios éticos y morales y a sus deberes como ciudadano.

Lo que copio a continuación reposa en un recorte de periódico y lamento no saber quien lo escribió para darle justo reconocimiento: “Así pues, el Estado de derecho se ha configurado como aquel regido y ordenado por un conjunto de leyes e instituciones (previamente aprobadas y legitimadas), organizadas generalmente en torno a una Carta Magna, que sirven como marco de actuación y control al comportamiento y funciones de las autoridades. Sin embargo, aunque el Estado de derecho permitió un control de las autoridades, no resolvió todos los problemas que conlleva la estructura compleja de un Estado, de hecho conlleva en su concepción un riesgo para alcanzar su objetivo: ¿cuál es y cómo se construye el contenido de las leyes?

Tenemos, por ejemplo, una dictadura o un Gobierno dominado por la burguesía que manipule la opinión pública y que controle el Poder Legislativo y Judicial, puede generar leyes a su favor y definirse como ajustado a derecho. Por ello debemos tomar en cuenta que para que podamos hablar de un verdadero Estado con base en la legalidad, el mismo no debe quedarse en lo estrictamente formal (construcción de leyes), sino que debe transcender al plano material (ejecución de las leyes sobre la base de la garantía de los derechos humanos), y ello solo es viable en gobiernos democráticos con la participación del pueblo en la construcción de las normas que le van a regir.”

“Tampoco el Estado de derecho por sí solo (si desde el plano formal lo analizamos) es capaz de resolver las desigualdades sociales y económicas que se han instaurado y arraigado especialmente luego de la Revolución Industrial, por lo que debe incorporar un nuevo elemento vinculado con la equidad y justicia social y asumir que el Estado es el instrumento por excelencia para alcanzar la transformación social.”

Desde que se inventó la humanidad, los poderosos han organizado todo a su favor en todos los órdenes de la vida. Las leyes no son una excepción. ¿Habrá llegado el tiempo cuando los pueblos, es decir los pobres, tomen conciencia y comiencen a sacudirse esos yugos seculares?

Con la inversión de la carga de la prueba se daría un primer paso fundamental para comenzar a deslastrarnos de injusticias finiseculares. Ese asunto de que el individuo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario es un verdadero engaño. Propongo que se aprehenda al criminal solo con la presunción y que le toque a él probar su inocencia. Me atrevo inclusive a proponer que se le señale y acuse confidencialmente para que no opere la venganza posterior. En el caso de los corruptos (eufemismo para llamar los ladrones) basta observar los súbitos cambios en sus estilos de vida porque ellos son maestros en el arte de esconder (justificar) delitos. Ya lo afirmó Simón Bolívar cuando dijo que “el talento sin probidad es un azote”.

Simón Bolívar fue sumamente drástico con relación a los corruptos. Su famoso decreto fechado en Lima el 12 de diciembre de 1824 contempla la pena de muerte a quienes roben más de 10 pesos; pero no solo eso, idéntica pena se aplicaba a los jueces venales que protegieran a esos ladrones; pero, hay algo sumamente importante que la mayoría de los historiadores soslayan, Bolívar apela al pueblo para que los denuncie y establece la obligación de hacerlo. Confiaba en el pueblo más que en los sabios cuando de la salud de la patria se trataba. Al invertir la carga de la prueba y establecer la obligatoriedad de la denuncia se daría un paso gigantesco hacia EL REINO DE LA JUSTICIA. No olvidemos jamás que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 2 que el régimen que debe imperar en el país es uno de Derecho y de Justicia.

  

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