No todo lo legal es ético, no todo lo legal es moral, no
todo lo que es legal es justo. Una cosa es lo legal, una cosa es el derecho y
otra cosa muy diferente es lo justo, la justicia.
Mucho antes de que lo pensara, el filósofo francés Michel
Foucault distingue entre la norma y la ley precisando que “esta última opera
cuando existe una infracción. Se convierte en un mecanismo de legitimación del
poder dominante y regula los marcos de interacción social del resto de los
individuos”. Es decir “las leyes están hechas por unos y se imponen a los
demás”.
Desde niño se me ha inoculado un concepto llamado legal
según el cual “todo individuo es
inocente hasta tanto se le demuestre su culpabilidad”. He comenzado a dudar la certeza y lo justo de ese postulado
y ahora me percato, tal como lo dijo Foucualt que “las leyes están hechas por
unos y se imponen a los demás”. Nos impusieron ese principio hasta el punto de
ser aceptado sin discusión por, diría, todo el mundo; pero, pensemos, mejor
dicho, dudemos, si ese supuesto principio del derecho fue maquiavélicamente
impuesto por aquellos que cometen delitos inteligentemente, que esconden
eficientemente las pruebas y por tanto se dificultan a cualquier mortal
obtenerlas. Pensemos por un momento si ese supuesto principio fue impuesto por
un poderoso para protegerse de aquellos sin muchos medios investigativos.
Vayamos a un ejemplo concreto. Un poderoso roba. ¿Qué puede
realmente hacer un pobre para probarlo? Para empezar, recabar las pruebas tiene
un costo. Pero además impusieron otro casi imposible, si el débil acusa al
poderoso y sus pruebas no se
ajustan al derecho, en consecuencia no
puede probar nada, está sujeto a una contrademanda por difamación, injuria,
etc. y, para colmo no puede defenderse porque es pobre, va con sus huesos a
podrirse en una cárcel por atreverse a
dudar de la honorabilidad de un pillo rico.
La riqueza es el escudo protector de sus perversidades.
En mi anterior escrito propuse la figura de la renta
presunta para juzgar los casos de corrupción y que se invirtiera la carga de la
prueba, es decir, le tocaría al acusado de corrupción probar que es inocente.
De esta manera se acabaría con la injusticia envuelta automáticamente en el
caso señalado en el párrafo precedente.
Basándonos en la concepción actual de la justicia, un pobre
puede incluso llegar a tener pruebas pero teme al poderoso porque éste tienes
más y mejores armas que él. El sociólogo Zygmunt Bauman plantea una intrínseca
tensión entre la ética y la moral y la conservación de la seguridad personal.
Según el pensador polaco el reconocimiento de un “blanco que atenta” contra la
integridad del individuo relega cualquier tipo de planteo moral frente a las
acciones que se desarrollan ante su presencia. El pobre piensa en su propia
seguridad personal, en la de su familia y, al final, decide dejar las cosas
como están, termina no arriesgándose, antepone su seguridad a los principios
éticos y morales y a sus deberes como ciudadano.
Lo que copio a continuación reposa en un
recorte de periódico y lamento no saber quien lo escribió para darle justo
reconocimiento: “Así
pues, el Estado de derecho se ha configurado como aquel regido y ordenado por
un conjunto de leyes e instituciones (previamente aprobadas y legitimadas),
organizadas generalmente en torno a una Carta Magna, que sirven como marco de
actuación y control al comportamiento y funciones de las autoridades. Sin
embargo, aunque el Estado de derecho permitió un control de las autoridades, no
resolvió todos los problemas que conlleva la estructura compleja de un Estado,
de hecho conlleva en su concepción un riesgo para alcanzar su objetivo: ¿cuál
es y cómo se construye el contenido de las leyes?
Tenemos, por ejemplo, una dictadura o un Gobierno dominado por la
burguesía que manipule la opinión pública y que controle el Poder Legislativo y
Judicial, puede generar leyes a su favor y definirse como ajustado a derecho.
Por ello debemos tomar en cuenta que para que podamos hablar de un verdadero
Estado con base en la legalidad, el mismo no debe quedarse en lo estrictamente formal
(construcción de leyes), sino que debe transcender al plano material (ejecución
de las leyes sobre la base de la garantía de los derechos humanos), y ello solo
es viable en gobiernos democráticos con la participación del pueblo en la
construcción de las normas que le van a regir.”
“Tampoco el Estado de derecho por sí
solo (si desde el plano formal lo analizamos) es capaz de resolver las
desigualdades sociales y económicas que se han instaurado y arraigado especialmente
luego de la Revolución Industrial, por lo que debe incorporar un nuevo elemento
vinculado con la equidad y justicia social y asumir que el Estado es el
instrumento por excelencia para alcanzar la transformación social.”
Desde que se inventó la humanidad, los
poderosos han organizado todo a su favor en todos los órdenes de la vida. Las
leyes no son una excepción. ¿Habrá llegado el tiempo cuando los pueblos, es
decir los pobres, tomen conciencia y comiencen a sacudirse esos yugos
seculares?
Con la inversión de la carga de la prueba se
daría un primer paso fundamental para comenzar a deslastrarnos de injusticias
finiseculares. Ese asunto de que el individuo es inocente hasta tanto se pruebe
lo contrario es un verdadero engaño. Propongo que se aprehenda al criminal solo
con la presunción y que le toque a él probar su inocencia. Me atrevo inclusive
a proponer que se le señale y acuse confidencialmente para que no opere la
venganza posterior. En el caso de los corruptos (eufemismo para llamar los
ladrones) basta observar los súbitos cambios en sus estilos de vida porque
ellos son maestros en el arte de esconder (justificar) delitos. Ya lo afirmó
Simón Bolívar cuando dijo que “el
talento sin probidad es un azote”.
Simón Bolívar fue sumamente drástico con
relación a los corruptos. Su famoso decreto fechado en Lima el 12 de diciembre
de 1824 contempla la pena de muerte a quienes roben más de 10 pesos; pero no
solo eso, idéntica pena se aplicaba a los jueces venales que protegieran a esos
ladrones; pero, hay algo sumamente importante que la mayoría de los
historiadores soslayan, Bolívar apela al pueblo para que los denuncie y
establece la obligación de hacerlo. Confiaba en el pueblo más que en los sabios
cuando de la salud de la patria se trataba. Al invertir la carga de la prueba y
establecer la obligatoriedad de la denuncia se daría un paso gigantesco hacia
EL REINO DE LA JUSTICIA. No olvidemos jamás que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 2 que el régimen que debe
imperar en el país es uno de Derecho y de Justicia.
INDEPENDENCIA Y PATRIA
SOCIALISTA - ¡CHÁVEZ VIVE!
- ¡LA LUCHA SIGUE!